viernes, 31 de julio de 2009

SIGNADO POR TRES LEVANTAMIENTOS MILITARES

Raúl Alfonsín trató por todos los medios de limitar el alcance del juicio a los Militares.
Sancionó el Punto Final y la Obediencia Debida.
Se terminó rindiendo ante los Carapintadas en Semana Santa de 1987.

Desde su Asunción en 1983, Alfonsín hizo todos los esfuerzos para reducir el alcance de los Juicios a los Militares.

Fueron la presión de las masas y las incansables movilizaciones de los Organismos de Derechos Humanos quienes derrumbaron una a una las barreras de la impunidad.
Luego del Juicio a las Juntas, Alfonsín había decidido limitar el resto de los enjuiciamientos, dictando unas “Instrucciones Especiales” a sus fiscales.
Pero las avalanchas de Juicios se acumularon en todos los Juzgados.
Ley de Punto Final
En 1986 Alfonsín pactó con la Cúpula Castrense y a fin de año hizo aprobar la Ley de Punto Final, que planteaba que sólo quedaban sesenta días para presentar Denuncias, tras lo cual todas las causas prescribían.
Se trataba de una Aberración Jurídica donde el Gobierno Violaba todos los principios del Derecho Internacional, pues el Genocidio es un Delito de Lesa Humanidad y por lo tanto Imprescriptible.
Luego de la Sanción de la Ley, la presión de los Familiares de los Desaparecidos fue tal que en los escasos sesenta días que quedaban se presentaron más denuncias y se citaron más Militares que en los tres años anteriores.
Ley de Obediencia Debida
En junio de 1987 se aprueba la Ley de Obediencia Debida.
Ahí, nuevamente contra toda la Jurisprudencia Internacional, se establece que de Teniente Coronel para abajo, nadie es culpable de participación en el genocidio
“sin admitirse prueba en contrario”.
Además, extiende esta presunción para los Oficiales Superiores que no fueran Jefes de Zona o Subzona.
Hoy la lucha popular derogó la Obediencia Debida y el Punto Final.
Esto iba a desatar la crisis de Semana Santa de 1987.
Primer alzamiento
El Primero de los Levantamientos Carapintada tuvo lugar en la Pascua de 1987.

En protesta contra las acciones Judiciales llevadas a cabo por el Gobierno contra los Militares que participaron en la lucha contra la
subversión, el Mayor Ernesto Barreiro, que había tenido participación activa en dicha lucha, se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba en relación a los cargos que se le imputaban.
Barreiro fue arrestado, a petición del Juez competente, por la autoridad Militar, y confinado en el Comando de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo de Ejército, en la provincia de Córdoba.
Cuando la policía intentó hacerse cargo de Barreiro por el desacato a la Justicia, el Personal del Cuartel, 130 entre oficiales y soldados; se amotinaron, exigiendo el cese de los Juicios.
Otras Dependencias Militares se sumaron a la acción, en especial las Tropas al mando del Teniente Coronel Aldo Rico, entonces al mando del Regimiento de Infantería de San Javier (Misiones), que se acantonó en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo.
Los reclamos de los ya apodados Carapintadas incluían la Destitución del Jefe del Ejército, el General Héctor Ríos Ereñú planteando que los Jefes que impartieron las órdenes

"hoy están en libertad desprocesados, ascendidos y gozando de un privilegio que no merecen"

y exigiendo una solución política para los Juicios.
Y decía Rico que
“Si quienes dieron las órdenes van a la Justicia no tenemos ningún problema en ir todos a la justicia, pero ningún hombre de bien que vista uniforme militar puede ampararse escudándose en el sacrificio de sus Subalternos”.
Los principales Partidos del País: Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, Unión de Centro democrático, Partido Demócrata Cristiano, Partido Intransigente,
Partido Comunista y Partido Socialista suscribieron el Acta de Compromiso Democrático, oponiéndose a la actitud de los Militares pero reconociendo varios grados de responsabilidad en el Combate a la Subversión.
Este último punto llevó a las fuerzas de izquierda como el Movimiento al Socialismo, el Partido Comunista Revolucionario de la Argentina, el Partido Obrero, y las Madres de Plaza de Mayo a distanciarse del grupo de los firmantes.
El Presidente Alfonsín parlamentó con Rico en Campo de Mayo, en lo que se le cuestionaría luego como un acto de Debilidad Política.
A su regreso, desde el Balcón de la Casa Rosada, Anunciaría la Capitulación de los Amotinados.
"FELICES PASCUAS LA CASA ESTA EN ORDEN"
Barreiro se escapó y fue capturado dos semanas más tarde.
Tanto él como Rico pasarían a manos de la justicia, Barreiro la Militar y Rico la Civil, siendo Juzgado en San Isidro por Insurrección.
Finalmente, meses más tarde, la Ley de Obediencia Debida satisfaría algunos de sus reclamos.

Rico fue el único que permaneció en Prisión, que debería cumplir en la Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo, a la espera del juicio.
Segundo alzamiento
Sería nuevamente Rico la principal figura del Segundo Levantamiento Militar, que tuvo lugar en enero de 1988 en la Localidad de Monte Caseros Provincia de Corrientes.
El 30 de diciembre se le había concedido el privilegio de Arresto Domiciliario; dos semanas más tarde, envió un comunicado afirmando que Desconocía la Autoridad del Estado Mayor del Ejército y de los Tribunales Militares por no ver Garantizada la Justicia, y Escapó.
La Autoridad Militar, el Teniente General José Dante Caridi, sucesor de Ríos Ereñú, declaró a Rico en Rebelión, y el Ministerio del Interior Ordenó su Captura inmediata.
Tres días más tarde se lo encontró en el Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros, cuyo Jefe, el Teniente Coronel Alvarez de Igarzabal declaró que Adhería al planteo de Rico, bautizado como Operación Dignidad.
Caridi, al frente del Segundo Cuerpo de Ejército, hizo frente a las Tropas Insurrectas.
Los detenidos fueron numerosos; Rico, tras declarar públicamente que no se arrepentía de sus actos y afirmar que la duda es la jactancia de los intelectuales, regresó a prisión.
Unos 430 Oficiales y Soldados serían llevados a Juicio por sus Acciones en los dos Alzamientos y, aunque los Juicios relativos a la Guerra contra la subversión disminuyeron, la protesta de las facciones promilitares no cesó.
Rico, desde su Celda, se convirtió en la principal figura de los Sublevados.
Tercer alzamiento
El Tercero y último de los Alzamientos durante el Gobierno de Alfonsín tuvo lugar el
01 de diciembre de 1988, cuando unos 45 Oficiales de la Unidad Albatros, un Cuerpo de Elite de la Prefectura Naval Argentina saqueó de armas el Arsenal de las Dependencias de Prefectura en Zárate, Provincia de Buenos Aires, y se Rebeló.
Alfonsín consideró el problema menor, al no Provenir del Ejército sino de una Fuerza de menor importancia, pero los Rebeldes se trasladaron a la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, donde se sumaron a un grupo de Militares que nuevamente coparon el Cuartel.
Su líder era el entonces Coronel Mohamed Alí Seineldín, Cabeza de los Carapintada. Seineldín, un Carismático y Heroico Veterano de la Guerra de Malvinas, Asesor de Manuel Noriega en la formación de Comandos, y Declarado Miembro de la rama más nacionalista del Ejército, afirmó que el Objetivo de la Acción era Salvar el Honor de las Fuerzas Armadas.

Caridi movilizó rápidamente las Tropas leales, rodeando rápidamente la Guarnición de Campo de Mayo.
Sin embargo, varios otros grupos declararon su Apoyo a los Carapintadas en la Provincia de Buenos Aires, así como en Provincia de Córdoba y provincia de Salta; la rebelión más importante fue la del Batallón de Logística 10 de Villa Martelli, en la periferia del Gran Buenos Aires, donde se dirigieron los Rebeldes de Campo de Mayo evadiendo el cerco.
El General Isidro Cáceres fue destacado por el mando leal para enfrentarlos, pero con órdenes de no iniciar acciones armadas salvo en caso de extrema necesidad.
Acantonados allí, el 04 de diciembre anunciaron sus exigencias:
- la Destitución de Caridi.
- La extensión de la ley de Obediencia Debida a todo el personal militar excepto los miembros de la Junta.
- Amnistía para los procesados por los alzamientos anteriores, e inmunidad para todos los participantes en éste excepto Seineldín.
- Bajo el lema un acuerdo para evitar el derramamiento de sangre, el gobierno accedió a éstas casi sin excepción.
- Seineldín fue procesado, así como el mayor Hugo Abete, que no depuso las armas hasta varios días más tarde.
- Caridi fue pasado a retiro, y las exigencias militares de incrementos presupuestarios y salariales fueron atendidas.
Toma del Cuartel de La Tablada

El 23 de Enero de 1989, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, Enrique Gorriarán Merlo lideró un grupo armado.
Los miembros del MTP ingresaron al Regimiento 3 de La Tablada a las 6:30 a bordo de seis autos y un camión de Coca Cola y abrieron fuego contra la Guardia del Cuartel.
Nélida Tadía recordó hace unos años que su hijo Soldado «Estaba en la Guardia barriendo con una Escoba, pidió por su Vida levantando las manos pero lo Acribillaron».
El Movimiento Todos por la Patria (MTP), que intentó copar el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 "General Belgrano" con asiento en La Tablada, acción en la que murieron 39 personas, entre ellas Cinco Soldados Conscriptos , 28 eran Civiles, 60 Heridos y 21 Militantes del MTP Presos.
El Movimiento justificó la toma diciendo que tenía el Objetivo de impedir un supuesto Golpe de estado planeado por el entonces candidato a presidente
Carlos Saúl Menem y el ex militar Mohamed Alí Seineldín.
Un reducido Grupo de Personas encabezado por Gorriarán Merlo trató de "Fabricar un presente ficticio:
Fabricar en primer lugar la materia a ser interpretada -el ficticio golpe "Carapintada"- para sobre esta ficción erigir una mentira verosímil -fuimos a parar el golpe- que, bien instrumentada, deberá poder manipular ahora los sentimientos antigolpistas del pueblo en favor de la insurrección".
El episodio de violencia política terminó luego de 30 horas de enfrentamientos, durante las cuales se movilizaron 3.600 efectivos de la Policía y del Ejército.

Ya se habían producido tres alzamientos militares y el último se había desarrollado 50 días antes, el 3 de diciembre de 1988, en la localidad bonaerense de Villa Martelli.
Una vez dentro del Regimiento, el Copamiento intentó llegar hasta el Sector de Casino de Oficiales y a los Galpones de Blindados, donde los Atacantes encontraron allí la primera fuerte resistencia.
A media mañana, los medios de Comunicación informaron que los Protagonistas NO eran Carapintadas sino un Grupo de Civiles.
La respuesta Militar -que duró 24 horas- era cada vez más intensa y dejaba en claro que no había ninguna posibilidad de éxito para los activistas que ingresaron al Cuartel.
Al día siguiente se produjo la Rendición de los Militantes con vida del MTP, un Grupo que tenía relación con el disuelto Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y había actuado en la Ofensiva Subversiva de los años Setenta.
El impacto en la opinión pública que tuvieron las imágenes transmitidas avalaron las demandas del Estado Mayor del Ejército sobre la necesidad de intervenir en los conflictos internos y realizar inteligencia interior.
Algunas medios deslizaron en aquella época que la versión sobre el levantamiento Carapintada que iba a producirse fue en realidad una operación de la SIDE para incentivar al Grupo a llevar adelante un Ataque, mientras que otras hipótesis señalaron que las Fuerzas Armadas ya estaban avisadas del Intento.
Paralelamente, se presentaron denuncias incluso ante organismos internacionales sobre el presunto fusilamiento de tres miembros del MTP, realizado posteriormente a su rendición.
Los miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP) arrestados tras el copamiento de La Tablada fueron amnistiados por Eduardo Duhalde, en tanto que siguen en curso investigaciones sobre “excesos militares” que habrían ocurrido durante la represión del ataque.

Los apresados fueron condenados a través de la Ley de Defensa de la Democracia, por lo que no tuvieron derecho a la apelación y a un nuevo juicio.
En protesta por su situación procesal, los Detenidos por el Copamiento del Cuartel de La Tablada llevaron a cabo durante el 2000 una huelga de hambre durante 46 días.

El Presidente Fernando de la Rúa Decretó una Reducción de las Penas de los Detenidos con Excepción de Enrique Gorriarán Merlo.

En 2003, el Presidente Eduardo Duhalde Decretó -a días de terminar su mandato- una Amnistía para todos los Presos de La Tablada, incluido Gorriarán Merlo.
Enrique Gorriarán Merlo, líder del MTP, conformó la conducción del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), Grupo Guerrillero Socialista de la Década del 70, junto a Mario Roberto Santucho.
El 15 de Agosto de 1972 participó de la Fuga de la Cárcel de Rawson junto a otros Dirigentes Guerrilleros del ERP y Montoneros.
Con la llegada de la Dictadura Militar, el 24 de Marzo de 1976, el ERP perdió terreno en su Lucha Armada y continuó su lucha fuera del País.
Gorriarán Merlo se trasladó a Nicaragua, donde continuó su lucha por la Revolución Socialista.
El 17 de Septiembre de 1980, Gorriarán Merlo fue uno de los ejecutores de Anastasio «Tachito» Somoza, ex Dictador Nicargüense, quien fue ultimado en una Emboscada en Asunción del Paraguay, donde estaba Refugiado.
Al regreso de la Democracia en Argentina, Gorriarán fundó el Movimiento Todos por la Patria (MTP) junto a Viejos Compañeros de militancia y de Lucha en Nicaragua.
En Enero de 1989, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, lideró el Grupo del MTP que intentó Copar el Regimiento Militar de La Tablada.

El Líder Guerrillero Justificó la toma diciendo que tenía el Objetivo de impedir un Supuesto Golpe de Estado planeado por el entonces Candidato a Presidente Carlos Saúl Menem y el ex Militar Mohamed Alí Seineldín.
Por ese Ataque, Gorriarán fue Detenido en 1995 en México y Extraditado hacia Argentina.
Tras ser condenado a prisión perpetua en 1996, falleció el 23 de Septiembre de 2006 en el Hospital Argerich de Buenos Aires, Víctima de un Paro Cardíaco.

miércoles, 29 de julio de 2009

CAUSA POR ENRIQUECIMIENTO ILICITO DEL MATRIMONIO

Piden reabrir la causa por enriquecimiento contra Kirchner e investigar el uso del Tango 10
Es por el incremento de $28 millones en el patrimonio presidencial; hubo otra presentación por el viaje del santacruceño en el avión oficial; la CC incluyó a la jefa del Estado en su denuncia por asociación ilícita.

Las sospechas en torno al crecimiento exponencial del patrimonio de los Kirchner durante 2008 ya desembarcaron en Tribunales.

El Abogado Ricardo Monner Sans se presentó esta mañana en el Juzgado Federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral para pedirle la reactivación de la causa contra Néstor Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito.

Lo hizo dos días después de que LA NACION informara que en el transcurso del año pasado el matrimonio presidencial aumentó su patrimonio en 28 millones de pesos.
Derrotero y final.

La investigación contra Kirchner se inició por una denuncia que Monner Sans hizo en febrero de 2008 y que terminó archivada por orden de la Cámara Federal porteña, que incluso rechazó un planteo del entonces titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, para que la pesquisa siguiera en pie.

Por otra parte, Monner Sans le solicitó al Juez Federal Julián Ercolini que, pese a la Feria Judicial, investigue si hubo irregularidades en el uso del Tango 10 por parte de Kirchner para viajar a Santa Cruz.

"Espero sobre todo que mi pedido saque del Archivo la Causa por Enriquecimiento Ilícito.

Ya había elementos suficientes para investigar en febrero de 2008 y este nuevo salto del patrimonio, lleno de puntos oscuros, tendría que obligar al Juez a requerir las explicaciones pertinentes y asegurarse de que sean lo suficientemente claras y exhaustivas", planteó Monner Sans a lanacion.com.


"El Poder Judicial no puede seguir distrayéndose.

Si lo hiciera, estaría siendo cómplice de un crecimiento patrimonial que ha roto todos los parámetros de la sensatez", advirtió.

Concretamente, a partir de la denuncia del abogado, Canicoba podría tomar dos caminos: remitirlo al fiscal que en su momento entendió en la causa, Eduardo Taiano, para que éste decida cómo seguir, o requerir las explicaciones él mismo.

La tercera opción, claro, es que no le dé curso a la presentación judicial.

Kirchner, en el aeropuerto de Chubut

Posible imputación.

El delito de enriquecimiento ilícito está contemplado en el artículo 268 del Código Penal en el que se fijan penas de prisión de entre dos y seis años y multas a quien

"el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable (?) ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño".

Es un delito en el que está invertida la carga de la prueba: es decir, que la persona sospechada es la que tiene que demostrar su inocencia.

Según surge de la última declaración jurada patrimonial que Cristina Kirchner presentó días atrás ante la Oficina Anticorrupción (OA), la fortuna del matrimonio presidencial aumentó como nunca antes:

a lo largo de 2008, su patrimonio neto pasó de $ 17.824.941 a 46.036.711, lo que implica un incremento del 158 por ciento.

El significativo salto se basó en la venta de 16 inmuebles en Santa Cruz, por $ 14.525.800; en la casi triplicación de sus depósitos bancarios, que entre Enero y Diciembre de 2008 pasaron de $ 13.515.021 a 32.174.258, y en la creación de dos nuevas empresas, Hotesur SA y Co Ma SA, con las que los Kirchner expandieron sus negocios hoteleros en El Calafate.

Como durante los últimos años que estuvo en la Casa Rosada, a Kirchner también le dio buenos resultados en 2008 la Venta de Terrenos Fiscales en El Calafate que había adquirido a precio módico gracias a la gestión del ex Intendente Néstor Méndez:

el 12 de enero del año pasado vendió por $ 6.300.000 un terreno de 20.095 m2 que había comprado el 1° de marzo de 2006 por $ 132.079.

Con esa sola operación ganó $ 6.167.921.

Preguntas.

"Los ojos del mundo están hoy puestos en ustedes.

Se sabe, que a mayor responsabilidad gubernativa, mayor exigencia en la claridad de conducta", dice Monner Sans al juez y al fiscal, según consta en la presentación a la que lanacion.com tuvo acceso.

Enseguida, el abogado hace una serie de preguntas a modo de
"sugerencia" para promover la investigación de la evolución de la riqueza de los Kirchner. "

¿Cómo es que han crecido exponencialmente los depósitos bancarios?

¿Es cierto que el matrimonio ha operado como prestamista de dinero?

¿Hay alquileres duplicados?

¿Hay sociedades de por medio que pudieran estar ocultando identidades verdaderas?

¿Vendieron los Kirchner 14 propiedades en un año?

¿A quiénes?", son algunos de los interrogantes.

Avión oficial.

El segundo pedido de Monner Sans apunta a obtener precisiones sobre el viaje que Néstor Kirchner a Chubut en el Tango 10, que reinstaló la polémica sobre el uso de bienes oficiales que hace la Familia Presidencial.

Concretamente, el abogado le solicitó que llame a declarar al Gobernador de Chubut, Mario Das Neves, que fue quien denunció la llegada del ex presidente a la Provincia a bordo de la Aeronave Oficial.

También pidió que se interrogue al empleado de Presidencia que corresponda para obtener información sobre quién autorizó el uso del Avión, quiénes viajaron junto con el ex mandatario y a cuánto ascienden los gastos del traslado.

Cristina, en la denuncia por asociación ilícita

La Coalición Cívica incluyó hoy a Cristina Kirchner en la denuncia por asociación ilícita y lavado de dinero que presentó hace unos meses contra Néstor Kirchner, Julio De Vido y Ricardo Jaime, entre otros hombres allegados al Gobierno.

En la presentación ante el Juez Federal Julián Ercolini, los diputados de la fuerza que lidera Elisa Carrió denunciaron la "total pasividad" de lo que llamaron "el Estado Benefactor" y la existencia de una "matriz de negocios expresada en la cooptación del aparato estatal".

Al igual que Monner Sans, presentaron la última declaración Jurada de Bienes de Cristina Kirchner para respaldar la acusación.

Ex Jefe de Inteligencia Argentino testificará en denuncia contra los Kirchner

El ex jefe de Inteligencia argentino Sergio Acevedo será testigo en una causa judicial por denuncia de enriquecimiento ilícito contra la presidenta Cristina Kirchner y su marido, el ex mandatario Néstor Kirchner, informó el martes una fuente judicial.

La Declaración Jurada del Matrimonio, que hegemoniza el poder desde 2003, presentada en 2009 ante la Oficina Anticorrupción, señala que poseen bienes por 46 millones de pesos (unos 12 millones de dólares), cifra que representa un aumento de 158% respecto de 2008.

"Es incompatible que alguien aumente así su patrimonio en base a las actividades que declaran", opinó el martes Acevedo, ex Gobernador de Santa Cruz (sur) y ex Secretario de Estado de Inteligencia en el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007).

La Riqueza Patrimonial de los Kirchner se reparte en Inmuebles, Depósitos Bancarios y Negocios Hoteleros, principalmente en Santa Cruz (Patagonia), Provincia natal de Néstor Kirchner, quien fue Gobernador del distrito en los años 90, cuando su esposa era Senadora.

"Nadie que ejerza el poder está impedido de tener un patrimonio y que éste tenga vida, es la esencia del capitalismo", había declarado el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

El Patrimonio de los Kirchner está bajo la lupa de Jueces Federales, quienes a raíz de las denuncias intentan determinar si hubo ilícitos en su abultado crecimiento.

Acevedo fue hombre de máxima confianza de la pareja, pero ahora es opositor del oficialismo, aún antes de la derrota en los comicios legislativos del 28 de Junio, cuando los Kirchner perdieron el control del Senado y Diputados.

La Justicia intenta aclarar la supuesta compra a precio vil de tierras fiscales en El Calafate, polo turístico de Santa Cruz en una zona de glaciares.
"Resulta condenable que alguien compre tierras fiscales a siete pesos (1,84 dólar) el metro cuadrado y las venda a 300 pesos (78,94 dólares) sin poner un sólo ladrillo encima, con una actitud usurera", dijo Acevedo.
Los terrenos, situados en el centro de la paradisíaca villa patagónica, están "provistos de todos los servicios y fueron vendidos por la alcaldía a (Néstor) Kirchner, quien los revendió a una firma comercial", detalló Acevedo.

lunes, 27 de julio de 2009

NILDA GARRE GRAVE DENUNCIA DE FRAUDE

FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GRAVE DENUNCIA CONTRA LA MINISTRA DE DEFENSA
Señor Juez: Nora Ginzburg, abogada, T° 8, F° 814, por derecho propio y en mi carácter de Diputada de la Nación, constituyendo domicilio legal en la sede de mi despacho, sito en Riobamba 25, 8° piso, Of. 830, a V.S como mejor proceda digo:
I. Que, de conformidad con el Art. 174 del CPPN, vengo a promover denuncia contra la Ministra de Defensa de la Nación, Dra. Nilda Garré, y contra los demás funcionarios que resultaren involucrados según la investigación que se produzca, por la comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública nacional (Art. 174, inc. 5, C.P.), sin perjuicio de otros que pudieran emerger a lo largo del proceso, en virtud de una o varias operaciones irregulares de exportación de material bélico -partes componentes de fusiles FAL y FAP-, que resultaron manifiestamente ruinosas para las arcas del Estado Nacional, y que supondrían un vaciamiento de la Dirección General de Fabricaciones Militares, dependiente a la fecha de dichas operaciones del mismo Ministerio de Defensa.
Esta denuncia tiene como antecedente una investigación que -por contrabando- (arts. 864 y sgtes. de la ley 22.415) viene tramitando -como es de dominio público- ante el Juzgado N° 7, Secretaría n° 14, del Fuero Penal Económico. II. Por Decreto Nacional 603/92 se crea la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico, integrada por los Ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores y Cultos, y de Economía a fin de que obligatoriamente intervenga con carácter previo a las exportaciones de material sensitivo y bélico.
En sus fundamentos se sostiene "Que la proliferación de armas de destrucción en masa conspira gravemente contra la paz y seguridad internacionales, debiendo actuar todos los Estados con firmeza y unidos para detenerla".
De ello se desprende claramente cual es el objetivo primordial de este decreto. A)
A fines de 2003 se previó una operación de exportación de material sensitivo, por la suma total de U$S 311.444,24, actuaciones en las que participó la Dirección General de Fabricaciones Militares, disponiéndose su exportación en distintos embarques.
El primero de ellos supuestamente por la suma de U$S 53.966,64 habría salido en julio de 2005, pero el embarque que nos ocupa, el segundo de dicha operación, a su vez dividido en varios envíos, fue por un parcial de U$S 32.745,78, consistente en la venta de partes nuevas, usadas y semi elaboradas de fusiles automáticos livianos (FAL) y fusiles automáticos pesados (FAP ).
Antes de impedir la Dirección General de Aduanas el último envío, en febrero del corriente año, en 2006 se habrían efectuado otros dos que partieron de Ezeiza pero, en conjunto, las tres destinaciones no arrojarían el valor para tener por cancelado el segundo embarque.
Dichos envíos se habrían justificado en las resoluciones del Ministerio de Defensa Nos. 831 y 952, de fechas 20/8/06 y 6/9/06, respectivamente.
La autorización final para el último (año 2007) se otorgó por resolución N° 1334 del 4/12/06.
Todas estas resoluciones fueron suscriptas por la denunciada.
El embarque que fuera detenido el 17/02/07 por la Aduana Nacional estaba referido a 6.379 kilos de componentes de armas de guerra que fueron declaradas a un valor de U$S 2.664, lo que indica un precio muy por debajo de los normal e internacionalmente admitidos.
Fue tan grosera y evidente esta subfacturación que la Dirección de Aduanas la habría advertido a simple vista, sin necesidad de recurrir a otros medios.
Este envío estaría compuesto por variados repuestos de fusiles FAL que van desde algunos primordiales para su función como "cuerpo de cerrojo", "percutores", "disparadores", como otros cuya inexistencia no la obstaculizarían, tales como "zuncho toma de gases", "refuerzo anterior de culata", etc.
La numeración de los denominados "cuerpos de cerrojo", esto es un elemento esencial de este tipo de armas, consignada en el Anexo I del Decreto se encontraría sin seguir la numeración correlativa, lo cual pareciera sugerir un desorden planificado con el objeto de dificultar todo tipo de control en atención a la magnitud de las cantidades de elementos enunciadas.
Según fuentes judiciales, se habría constatado además números repetidos o mellizos y partes y piezas con números que no estaban autorizados por el Ministerio de Defensa.
También habría, a estar a lo publicado por distintos medios periodísticos, algunos repuestos con su numeración ilegible o erradicada, como igualmente partes y piezas nuevas declaradas como viejas.
En la declaración aduanera se habría negado que este embarque formaba parte de otro envío, ya que como dijéramos anteriormente el monto total del segundo envío no se habría cancelado (según pudo averiguarse de los U$S 32.745,78 que correspondían al segundo envío las tres destinaciones rondarían los U$S 10.000).
B) Según informaciones recabadas, ante esta comprobación en el área aduanera se habría procedido a realizar una investigación sobre destinaciones anteriores, de las que surgirían que en dos de ellas se habrían exportado piezas de fusiles mencionados en los EE.UU como de calibre 308W, que se corresponde con el 7,62 mm de la OTAN (FAL-Fusil Automático Liviano), arma de guerra.
La sumatoria del despiece manifestado indicaría que ambas destinaciones comprenden a casi 600 unidades de este tipo de arma, encontrándose en ellos más del 80% de estas piezas para su ensamble.
En este caso se manifestaría una subfacturación, toda vez que se habrían vendido repuestos de los fusiles indicados a un valor de U$S 0,40 el kilogramo, cuando en rigor de verdad el valor de desperdicios metálicos se cotizaría entre un valor que oscilaría entre los U$S 1,50 y U$S 3, lo que implica un valor de casi tres veces inferior al valor de la chatarra.
Habría también un embarque sospechoso de 500 cañones de fusiles que habría vendido en forma posiblemente irregular la Dirección General de Fabricaciones Militares, ya que antes de ser exportada cada unidad se habría declarado a un precio de U$S 7,98, pero al llegar a los EE.UU cada unidad habría sido declarada a un valor de U$S 40.
Todo ello, que surge de actuaciones labradas en la Dirección de Aduanas, deberá ser investigado para conocer la real dimensión de la defraudación al Estado, como también para saber también a ciencia cierta la participación que le cupo en todos los casos a los autores, partícipes y encubridores.
Debe tenerse en cuenta a los fines de la investigación si en realidad, a través del envío de distintos componentes en varios embarques como material de rezago la totalidad de las operaciones no permitirían el armado de armas a un costo sensiblemente inferior al correspondientes si las armas en cuestión (FAL, FAP) se vendieran como objetos totales, lo cual agravaría sensiblemente el perjuicio para el Estado, de cuyo patrimonio surgen cada una de las partes componentes en la/s transacciones investigadas.
C) La Comisión Tripartita autorizó la exportación de repuestos de fusiles FAL y FAP a José Luis Díaz Enterprises Inc., habiéndose pactado que los correspondientes envíos debían hacerse en etapas, aspecto éste que da lugar a una fundada sospecha en cuanto a que se habría pretendido exportar material de desguace (declarado como tal) y que en realidad podría haberse transformado en los EE.UU en fusiles armados, es decir listos para usar.
Tampoco podría descartarse, atento las graves irregularidades que presenta la Resolución 1334, un posible desvío (total o parcial) de los embarques salidos desde la Argentina hacia distintos países ajenos al destino formalmente declarados en los respectivos embarques, o que a través de la firma importadora, se efectuara una triangulación de los repuestos de armamentos.
Sería conveniente recabar información a la Aduana de los Estados Unidos de América para corroborar que JLD Enterprises subfacturó o no el valor de los repuestos recibidos, a fin de comprobar si se habría cometido una evasión impositiva por aranceles de importación o si, por el contrario, como habrían informado algunos medios, se declaró ante las autoridades aduaneras de USA un valor de recepción diferente al indicado en la salida del país, que oscilaría en los U$S 90.000.
D) Pero lo que ha quedado demostrado es que la Ministra Garré convalidó, con su actuación y firma en las resoluciones que suscribió, una operación que además de irregular desde el punto de vista aduanero, fue ruinosa para el Estado Nacional, porque la declaración de un precio manifiestamente vil en la exportación cuyo embarque fuera detenido por el Director de Aduanas el 17 de febrero pasado, y otras que como se vio resultan altamente sospechosas, podrían demostrar una metodología sistemática de someter varias exportaciones similares a subfacturación, lo que supondría una maniobra deliberadamente destinada a provocar un vaciamiento en el patrimonio de la Dirección General de Fabricaciones Militares.
E) Son muchas las inquietudes que crea la situación reseñada.
En el programa "Contrapunto" que conduce Martín Pitón y que se emite por Radio América en horas de la tarde, el 23 de julio pasado, Andrea Prodán, quien fuera hasta hace unos meses funcionaria del Ministerio de Defensa, manifestó que en ocasión de que se dispusiera el traspaso del RENAR a la órbita del Ministerio del Interior, presenció un diálogo entre la Dra Nilda Garré y su hermano Dr Raúl Garré, actual Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, quien, a estar a los dichos de la testigo, habría tenido alguna relación o intervención con el RENAR.
En tal oportunidad, y ante la pérdida de esta repartición por su traspaso a otro Ministerio, el Jefe de Gabinete le habría dicho a la titular de la Cartera de Defensa que le interesaba una auditoría o cargo en la Dirección de Fabricaciones Militares, aludiendo a que era "un buen negocio".
Aclaró también que la relación entre los dos hermanos es de tipo maternal, en la que la Ministra asume una actitud complaciente hacia su hermano al que llama "Raulito".
Más allá de la veracidad o no de estas afirmaciones o de que el Dr Raúl Garré tuviera alguna intervención, directa o indirecta, en la Dirección de Fabricaciones Militares, lo que debe ser materia de investigación, cabe preguntarse por el origen del material que vende Fabricaciones Militares:
¿porqué hay números limados?,
¿pertenecen a algún depósito judicial?;
¿porqué hay números duplicados?,
¿a alguien se le perdió o vendió las piezas o pieza, comprando otra en el mercado negro y duplicando el número?;
¿Fabricaciones Militares torneó piezas similares a las del fusil para venderlas como componentes reales, como sucedió en el contrabando de armas a Ecuador?,
¿las piezas provienen de armas pertenecientes a las FFAA, y que tienen prohibida la venta y entonces hay que taparlo, como sucedió en la venta de cañones a Croacia?.
Debería averiguarse si con anterioridad las FFAA no enviaron material de este tipo a Fabricaciones Militares para ser reparado, y si el mismo fue devuelto.
De todos modos la base de datos donde están relevados estos números, debería haber señalado ineludiblemente la duplicación.
Esta base de datos debería ser inspeccionada minuciosamente.
También debería revisarse todas las actuaciones por las que se dispuso la venta de armas, para saber a ciencia cierta su procedencia.
Se aclara que el Juzgado Penal Económico interviniente ordenó el allanamiento de la Dirección de Fabricaciones Militares, según fuera informado periodísticamente, desconociéndose el resultado de dicha diligencia.
Los números limados deberían peritarse para saber si fueron erradicados o son ilegibles por el uso.
Esto último resultaría extraño, puesto que hay fusiles con el cañón dilatado por la gran cantidad de disparos (alrededor de medio millón de disparos) que no se le desgasta el número de ninguna pieza.
Habría que averiguar si este tipo de piezas provienen de depósitos judiciales, decomisadas producto de algún delito.
A título de ejemplo, señalamos que los camiones de caudales sólo pueden ser atacados eficazmente con fusiles FAL.
¿Por qué se ha alterado la calidad vendiendo algo nuevo por usado?,
¿quién hizo la tasación de las piezas para conocer su real valor de acuerdo al uso de las mismas?
¿Los precios de donde se obtuvieron?,
¿Fabricaciones Militares tiene precios testigos o pidieron informes a la Sindicatura General de la Nación?
Debería hacerse un peritaje en las piezas decomisadas en el envío del 17/2/07 para establecer su valor, y evaluar los envíos anterior por su precio vil.
Resulta extraño que se le venda chatarra a una fábrica de armas.
Es claro que la maniobra de duplicación o erradicación de la numeración identificatoria de las distintas piezas encuadraría en el tipo descripto por el artículo 289, inciso 3°, del Código Penal.
E) Cuando el hecho tomó estado público, la Dra Nilda Garré esgrimió distintas excusas a fin de excluir su responsabilidad.
En principio, dijo desconocer la diferencia entre un fusil FAL y otro FAP y que en esto ella era "como doña Rosa".
Nadie puede exigirle a la ministra que sea una técnica en armamento, pero lo que es inexcusable en cualquier funcionario que firme una resolución en la que se aprueba una operación de compraventa, se trate de una contratación directa, concurso de precios, o licitación, y sean los objetos material sensitivo, bulones o naranjas, es que tenga conciencia fehaciente de que los precios son los del mercado y que no está produciendo un perjuicio al patrimonio del estado.
Por ello es que se solicita -o debiera hacerse- en la misma Cartera dictámenes específicos y legales sobre la negociación, justamente porque no puede pretenderse que ella conozca todo.
En tal sentido, sería importante anoticiarse el dictamen de la Unidad de Auditoría Interna, a cargo del Contador Jorge Daniel Argüello, y del Director General de Asuntos Jurídicos, Dr. Héctor Alberto Tuja, tal como se desprende del organigrama del Ministerio de Defensa.
Téngase en cuenta que la función de la Comisión Tripartita, mencionada en el decreto 603/92, es primordialmente evitar la proliferación de armas de destrucción masiva, y no establecer el precio de compraventa.
Esta Comisión se dedica a realizar desarrollos y evaluar cuestiones meramente técnicas.
Otra de las excusas esgrimidas por la Ministra fue que era la responsabilidad de la Aduana, porque en la reunión de la Comisión debió objetar el precio.
Mas allá de que pudiera haber algún incumplimiento por parte de la Aduana, que se desconoce, lo cierto es que, como dijo su titular, el Dr. Echegaray, "en todo el globo terráqueo los precios se fijan entre el exportador y el importador", lo que resulta una verdad de perogrullo puesto que la Aduana lo único que hace es fiscalizar que no se lleve a cabo una evasión impositiva, pero la fijación de los precios requiere de procedimientos como tasaciones, estudios de mercado, análisis de costos, etc. que no le corresponde a su esfera efectuar.
Téngase en cuenta, además, que no resulta muy dificultoso conocer precios de mercado. Por ello adjunto tres páginas resultante de la búsqueda que practicara la suscripta en internet, de las que se desprende que en una operación realizada por Gendarmería Nacional un percutor de una pistola 9 mm sale $ 3, por lo que nunca podría costar menos uno correspondiente a un fusil FAL o FAP.
Después de 20 meses de gestión, no puede la Dra. Garré ignorar que estas piezas tienen un determinado valor.
No puede entenderse cómo, manejando uno de los Ministerios más grandes de la Nación, no tenga a quién preguntarle para que la asesore debidamente.
También sostuvo la Ministra que esto era responsabilidad del Ministerio de Planificación, pues Fabricaciones Militares estaba en febrero de 2007 en el área de su competencia.
Pero sucede que, cuando todas las operaciones se llevaron a cabo, la Dirección General de Fabricaciones Militares dependía del Ministerio de Defensa, y fueron necesarias las resoluciones que ella firmara para que se desplegara una maniobra fraudulenta.
Una excusa más, fue que hubo una subfacturación inexplicable, según se desprende de lo publicado en Página 12 web el miércoles 30 de mayo de 2007, que se adjunta.
Esto implica no sólo el reconocimiento público y expreso de dicha subfacturación, sino también el dislate de su disculpa, porque si ella no lo puede explicar
¿quién entonces?.
¿Cómo podría explicarse que firme un anexo donde la numeración de los cuerpos de cerrojo se consignara discontinuamente?.
La Ministra es abogada, ha sido diputada nacional y funcionaria pública en distintas áreas.
Un documento confeccionado de esta forma indica que el trámite se ha hecho a las disparadas, de cualquier forma, lo cual supone la posible comisión de errores que un funcionario medianamente diligente no podría haber firmado, a menos que lo hiciera sin leerlo, lo que se descuenta dada la envergadura de su cargo, o que dicho anexo fue redactado así, a propósito, para entorpecer el control de una operación fraudulenta.
Por otra parte, atento el tiempo transcurrido, sería interesante saber si la Ministra al menos sugirió la promoción de sumarios o cualquier otro tipo de actuación interna a fin de deslindar responsabilidades, independientemente de lo que resuelva la justicia.
De no haberlo hecho, habría incurrido sin lugar a dudas, también en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Parece que la Ministra ha optado por escribir cartas de lectores a los diarios, como la publicada recientemente en el diario La Nación, tratando de excusarse de lo inexcusable, echándole la culpa a otros que no la tienen, por lo que a esta altura de los acontecimientos deberíamos concluir en que simplemente se trata de una subfacturación inexplicable y punto, de la que ella nada sabía, lo que es inadmisible, ya que surge claramente su responsabilidad sin perjuicio de la que pudiere corresponderle a terceros.
F) En este caso, debemos diferenciar la defraudación fiscal que se persigue ante el fuero Penal Económico, se trate de contrabando agravado o de una simple infracción aduanera, lo que está regulado por el Código Aduanero, de la defraudación contra la Administración Pública que aquí denunciamos, porque aunque el medio sea el mismo, las resoluciones referidas, los perjuicios, aunque ambos afectan al patrimonio estatal, difieren.
En el primero, lo que se ha intentado es no hacer ingresar al fisco una contribución que a éste pertenece, y que debe ingresar para la formación de la renta pública.
Aquí lo que denunciamos es el precio vil fijado en las resoluciones firmadas por la Ministra, de bienes que ya eran propiedad del estado, lo que ha producido un detrimento concreto en su patrimonio (en tal sentido, ver Laje Anaya, "Comentarios al Código Penal", parte especial, vol. II, pág. 159, ed. De Palma 1979).
"La defraudación a la Administración Pública se sustenta en conceptos rígidos e inmutables, pues están dirigidos a una lesión o agravio a cierta clase de bienes; estos responden, sin excepción, para ser considerada la defraudación como tal a una titularidad detentada y no discutida, ya que se refiere a la propiedad por parte de la Administración Pública, del bien defraudado.
En cambio, la defraudación impositiva es la erosión que se provoca en la capacidad financiera de la Administración al restarle, por efecto del ilícito, parte de la recaudación a la cual tenía derecho y a la que estaba obligado el transgresor.
En la primera figura -estafa- se perturba el derecho que da la propiedad indiscutida del bien; en la segunda, el patrimonio se reciente al no concretarse un derecho que fue de expectativa, pero que se transforma en adquirido, lo que origina una legítima pretensión de percepción y da pie para la promoción de la acción por defraudación impositiva en perjuicio de aquél que evadió su cumplimiento mediante el uso de maniobras de naturaleza delictiva" (ver Juan H. Sproviero, "Delitos de estafas y otras defraudaciones", Tomo II, página 354, ed. Abaco 1998).
La figura penal imputada es la del artículo 174, inciso 5°, del Código Penal, que no implica un tipo penal autónomo sino que agrava las expuestas en los artículos 172 y 173 del mismo texto legal, cuando la acción se cometiere contra la Administración Pública, lo que se ha producido en la especie.
"Sujeto activo" puede ser cualquier persona.
Si se trata de un empleado público, sufrirá además la pena de inhabilitación especial perpetua prevista en el segundo párrafo de este artículo.
"Sujeto pasivo" es la Administración Pública, expresión que abarca tanto al Estado nacional como al provincial y municipal y dentro de él a las entidades autónomas o autárquicas, en suma a toda entidad dotada de personalidad de derecho público (cfr. Jorge Eduardo Buompadre, "Estafas y otras defraudaciones", pág. 225, ed. Lexis Nexis 2005).
- Por último, debemos señalar que la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por nuestro país el 7 de noviembre de 1997 mediante la Ley 24.759, fundamenta en su Preámbulo que "la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia así como contra el desarrollo integral de los pueblos", y el combatirla "fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social".
Agrega que la corrupción suele ser utilizada por la criminalidad organizada, y en algunos casos tiene trascendencia internacional, por lo que es necesaria la actuación coordinada de los estados para atacarla eficazmente (en tal sentido, ver Marco Antonio Terragni, "Delitos propios de los funcionarios públicos", pág. 189/190, ed. Jurídicas Cuyo 2005).
En el convencimiento de que los hechos narrados constituyen la comisión, cuanto menos, del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública, previsto y reprimido por el artículo 174, inciso 5°, del Código Penal, en cabeza de la titular del Ministerio de Defensa de la Nación, Dra. Nilda Garré, y en el entendimiento de que la justicia debe actuar en estos casos con el máximo rigor y celeridad, es que formulo la presente denuncia.
III. Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:
a) Se tenga por efectuada esta denuncia contra la señora Ministra de Defensa de la Nación, Dra. Nilda Garré, por infracción al art. 174, inciso 5°, del Código Penal.
b) Se de curso a la misma ordenándose la investigación.
c) Se produzcan las medidas de prueba sugeridas a lo largo de esta exposición y todas aquellas otras que se estimen pertinentes.
Proveer de conformidad, que SERA JUSTICIA.

NO CUENTEN CON ARGENTINA

PARA AYUDAR A COMBATIR EL TERRORISMO

¿Qué es lo que hemos aprendido de la experiencia Saudita?
¿Se está convirtiendo la Argentina en un "santuario para terroristas extranjeros?"
Ésa es la pregunta planteada en la página Web argentina Ambitoweb.com esta semana.
Según lo sugerido por el provocativo comentario, es una posibilidad que alarma a unos cuantos argentinos en estos días.
Es también una cuestión digna de atención para los estrategas políticos de EEUU.
Cada vez más, la Argentina se está pareciendo a la Arabia Saudita anterior al 11-S de Sudamérica.
Mientras que las relaciones oficiales entre EEUU y Argentina son cordiales, lo qué se está cultivando en tierras del Cono Sur difícilmente califica a la Argentina como Aliado en la Guerra contra el Terrorismo.
Después de haber sido llevado en bandeja por el doble discurso Saudita cuatro años atrás, EEUU ha sido bien advertido como para pecar nuevamente de cándido.
La aprehensión levantada en Ambitoweb.com surge a partir de la decisión de un Juez Argentino al rechazar el pedido chileno de extradición de Sergio Galvarino Apablaza.
También conocido por el nombre de guerra: Comandante Salvador, el chileno es el ex-líder de un grupo extremista de izquierda llamado Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Está siendo acusado del asesinato del senador chileno Jaime Guzmán en 1991 y del secuestro de Cristian Edwards, hijo del dueño del periódico El Mercurio de Chile.
El Gobierno Chileno del Socialista Ricardo Lagos difícilmente pueda ser considerado una junta de derecha para crucificar enemigos políticos, particularmente a alguien del predicamento de Apablaza.
Lagos es famoso por alguna vez haber desafiado públicamente al General Augusto Pinochet a dar un paso al costado.
Sin embargo, según Ámbito, el Juez Argentino que rechazó el pedido de Extradición "Adoptó el punto de vista de que los Crímenes atribuidos a Apablaza eran de naturaleza Políticos" y ordenó su Liberación Inmediata.

Apablaza se presentó en las oficinas centrales de un Grupo Argentino de Derechos Humanos en Buenos Aires, proclamando que su único arrepentimiento es "No haber hecho más para acortar la tiranía (de Pinochet)."
Esto suena valiente hasta que uno toma en cuenta el hecho de que Guzmán fue Asesinado bastante después de que el General Pinochet hubiera cedido voluntariamente el poder a un Gobierno civil elegido.
Su ejecutor tenía obviamente en mente un objetivo distinto del de la liberación del Pueblo Chileno.
Sin sorprender, el Partido Comunista chileno celebró la decisión argentina.
El Comandante Salvador mantiene su inocencia y pidió a la ONU el Status de Refugiado Político.
Lamentablemente, la decisión de la Corte Federal de proteger un Terrorista Chileno buscado no es un acontecimiento aislado sino parte de un “ethos” que prevalece ahora en los altos niveles Políticos y Jurídicos Argentinos.
En mayo la Corte Suprema Rechazó la Extradición de un Supuesto Terrorista que pertenecía al Grupo Vasco Español conocido como ETA, que ha cobrado más de 850 vidas desde 1968.
Jesús María Lariz Iriondo está acusado de hacer explotar un auto en 1984 en Eibar.
Con todo la Corte determinó que el Acto Terrorista, a él atribuido, no es un Crimen Contra la Humanidad.
Por lo tanto el Estatuto de Limitaciones se aplica y no puede ser considerado Responsable.
El periódico La Nación, en un editorial titulado "Crímenes de Lesa Humanidad", precisó que esto es directamente contrario a la resolución 1996 de la ONU que define Crímenes Contra la Humanidad como "Los Actos Criminales con Fines Políticos Concebidos o Planeados para Provocar un Estado del Terror en la Población en General, en un Grupo de Personas..."
Una lectura literal de la resolución de la ONU es sin embargo incómoda para el gobierno de los Kirchner.

Los Terroristas de Argentina conocidos como "Montoneros" junto con el ERP sustentado por Castro, cometieron Atrocidades al estilo de ETA Contra Inocentes por una década, Antes y Durante la Toma del Poder por parte del Gobierno Militar de 1976, acumulando más de 1.500 Víctimas.
Hoy, la Argentina les permite a muchos conocidos Montoneros desplazarse por la Argentina con impunidad.
Algunos están en el mismo gobierno.
Esto, por supuesto, apunta al corazón del problema para el equipo de Kirchner: ¿Cómo puede ETA o los terroristas chilenos ser procesados mientras que ex-Montoneros gozan de plena libertad?
La base de sustentación política de Kirchner es una secta de izquierda dura y anti-Americana, y en los últimos dos años él ha actuado rápidamente para reformar la Corte Suprema de Justicia Argentina con jueces afines.
En nombre de la justicia la Corte derogó recientemente la amnistía concedida a los militares en 1986 y 1987 por sus crímenes durante la "guerra sucia."
Pero no ha dicho nada sobre el procesamiento de los ex-terroristas Montoneros y del ERP que practicaron el tipo de tácticas observadas ayer por la mañana en Londres hasta que fueron Controlados por el Golpe Militar.
Hoy la Argentina tiene menos en común con países serios como Chile y más en común con Nicaragua, que se encuentra nuevamente bajo la influencia de los Sandinistas.
En mayo los jueces nicaragüenses se negaron a extraditar a Alessio Casimirri a Italia para ser juzgado por el secuestro y asesinato en 1978 del ex-Primer Ministro italiano Aldo Moro.
Para entender las afinidades del Gobierno Kirchner vale prestar atención a una de sus partidarias políticas más importantes, Hebe de Bonafini, de las madres de la Plaza de Mayo, que festejó el 11-S.

Los informes de prensa de Buenos Aires señalan que ella hizo un fuerte lobby a favor del asilo político para Lariz Iriondo.
El mes pasado ella estaba en La Habana con Fidel, Hugo Chávez y el Guerrillero Salvadoreño Shafik Handel para quejarse de que EEUU no había extraditado al anti-Castrista Luis Posada Carriles a la provincia cubana de Venezuela para ser juzgado bajo Cargos de Terrorismo.

La Argentina tiene un historial de dar refugio a las figuras más oscuras del mundo, incluyendo fugitivos nazis después de la Segunda Guerra Mundial.
El Hezbollah, patrocinado por Irán y Siria, es bastante sospechoso de orquestar el atentado de la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y un Centro Comunitario (AMIA) judío en 1994.
Nunca nadie fue llevado ante la justicia por esos acontecimientos horrorosos.
Kirchner demanda investigar esos ataques otra vez, pero 11 años dejan un rastro algo difuso.
A pesar de esa promesa, Kirchner rechaza condenar a Chávez mas allá de que en 1994 el muchacho malo venezolano atacó verbalmente a la comunidad judía del país y aprobó una incursión en una escuela un feriado judío en Caracas.
Según la página Web del Departamento de Estado de EEUU, en 2004 prospectos impresos antisemitas estaban "disponibles para el público en una sala de espera del Ministerio del Interior y Justicia."
Cuando la Secretaria de Estado Condoleezza Rice se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores Argentino en abril, los derechos civiles en Venezuela estaban en la agenda.
Pero un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino dijo que en lugar de ello la conversación se centró en lo que desea la Argentina: mayor asistencia del FMI, presumiblemente para mantener a los seguidores de Kirchner provistos de banderas americanas para quemar.
EEUU debería haber aprendido más de la experiencia Saudita.

domingo, 26 de julio de 2009

DDHH OTRA PARTE DE LA HISTORIA

· Un 1° de agosto de 1978, durante la noche y mientras la gente dormía, una poderosa bomba explotó en el corazón de Barrio Norte. Dos edificios fueron el centro de la locura terrorista, que ese día eligió una zona densamente poblada para infligir el mayor daño posible a una familia y a todos aquellos que vivieran cerca.

El atentado quedó en la memoria de la sociedad con nombre propio, ya que se lo conoce como el atentado a Paula Lambruschini, por ser ella, una adolescente de 15 años, la primera víctima fatal.


Esa madrugada Paula dormía.
Se había acostado pensando en el Colegio y en las tareas que debía entregar durante la mañana. Margarita, una Vecina de 82 años, también estaba descansando.
Ricardo otro Vecino, dormía.
El Barrio estaba en Silencio.
Los Tres No Despertaron Jamás.
Una Bomba depositada por la Organización Montoneros terminó con sus Vidas, sus Aspiraciones y aplastó sus Derechos Humanos.
Los Vecinos despertaron entre escombros, con vidrios rotos en sus camas.
Los gritos desgarradores y el llanto se apoderaron de esa cuadra, que supo ser tranquila y que se había convertido en un escenario de la guerra.
Pacheco de Melo entre Ayacucho y Junín se llenó de humo, sangre, escombros y automóviles destruidos. Dos edificios resultaron estructuralmente inestables y debieron ser demolidos.
Hace treinta y un años, Paula Lambruschini dejó de ser una adolescente llena de promesas para convertirse en una Víctima del Terrorismo.
En ese mismo instante, la acompañaron Margarita Obarrio de Vila y Ricardo Alvarez, ciudadanos inocentes como todos los que fueron agredidos por las Organizaciones Terroristas responsables de más de 21.600 atentados.
Ese 1° de agosto de 1978 comenzó el digno y silencioso dolor de varias familias que perdieron a sus seres queridos, que sufrieron heridas o perdieron sus bienes.
Esperaron que el Estado les reconociera sus Derechos Humanos pero, lamentablemente, a más de 30 años de estos terribles sucesos, el Estado está empeñado en mostrar sólo una porción de la historia, ignorando a quienes como Paula, Margarita, Ricardo y tantos miles más, no optaron por el camino de las armas para obtener el poder.
Sin embargo, la obligación primigenia del Estado de proteger a sus ciudadanos miembros de la población civil y no combatiente, se encontraría guiada por intereses e ideologías que impiden la Justicia en la Argentina para aquellos que fueron Víctimas del accionar Terrorista.
En los últimos lustros, el Movimiento de los Derechos Humanos ha evitado deliberadamente Asistir y Proteger a las Víctimas del Terrorismo.
En estos años, el Estado ha dictado varias leyes de reparación y diversos beneficios para los ex combatientes de las organizaciones armadas y sus familiares.
Pero lo más lamentable es que se ha reescrito la historia reciente de los argentinos y en ella no existen Paula, Margarita o Ricardo.
Es un relato donde los victimarios devienen en víctimas y, como tales, gozan de la impunidad que otorga el silenciamiento obligatorio al que están destinados estos miles de argentinos y extranjeros.
Parecería que la sociedad aún no reparó detenidamente en el hecho de que los terroristas, antes de ser damnificados, fueron verdugos de la sociedad civil, pues ser ex terrorista no es lo mismo que ser víctima del terrorismo, aunque les asistan los correspondientes derechos humanos para aquellos que quebrantan el orden público.
Es una historia que, ante la reapertura de una causa judicial, como la Causa Larrabure, da origen a la resolución 158/07, por la cual se ordenó a los fiscales excluir de la categoría de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a los asesinatos, secuestros y torturas realizados por la guerrilla.
Su autor fue el procurador general de la Nación y ex ministro del Interior durante el gobierno de Cámpora, Esteban Righi, un funcionario que al menos debería haberse excusado por su participación en la firma de la generosa amnistía a los terroristas en 1973.
O el fallo de la jueza Servini de Cubría sobre un dictamen del fiscal Berlanda, que sobreseyó a reconocidos combatientes montoneros, acusados de integrar la célula que puso la bomba en el comedor de la Policía Federal, donde perdieron la vida 24 argentinos y más de 60 resultaron heridos, bajo la excusa de que no fue un delito de lesa humanidad y, por ende, estaba prescripto.
Todas estas acciones de los tres poderes del Estado parecen apuntar al otorgamiento de impunidad para los culpables de aberraciones como las que se cometieron contra Paula Lambruschini, Margarita Obarrio de Vila y Ricardo Alvarez, negando lo que el Estatuto de Roma, ratificado por la Argentina, establece respecto de los delitos de lesa humanidad.
Las víctimas del terrorismo no reclaman venganza, no cortan calles ni hacen escraches, no ocupan cargos públicos, no pontifican.
Sólo quieren verdad, justicia, reparación y paz, para poder vivir en un país donde la impunidad no se muestre por televisión, donde el rostro del terror no sea vocero interesado de los derechos humanos, donde quienes tienen sus manos manchadas de sangre respondan ante la sociedad por los crímenes cometidos.
A mas de treinta años del asesinato de estos tres inocentes, la Argentina no es defensora de los derechos humanos, ni está a la vanguardia del respeto de los mismos; sólo ha trucado las armas por la acción política y judicial, que siguen impidiendo a las víctimas del terrorismo el goce de sus derechos.